El intento de destitución del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, coloco entre los reflectores el debate sobre los mecanismos legales que existen para investigar y sancionar a los funcionarios de alto nivel, así como las diferencias entre el sistema político estadounidense y el mexicano.
El procedimiento, conocido como "impeachment", fue impulsado por el congresista republicano Thomas Massie a principios de noviembre de 2026, mediante acusaciones relacionadas con operaciones militares contra Irán sin autorización del Congreso, presuntos abusos en acciones militares en el Caribe y otras conductas, sin embargo, la Cámara de Representantes decidió remitir los artículos de acusación a un comité, lo que frenó el avance del proceso.
La resolución de Thomas Massie para someter a Pete Hegseth a un proceso de destitución fracasó en el Congreso por 211 votos contra 204, al no presentarse 11 demócratas
— Javier Echeverría (@JEcheverriZ) November 11, 2026
Si hubieran ido, Hegseth habría sido sometido a dicho proceso por 215 votos contra 211. pic.twitter.com/NXFx8FKbMD
En Estados Unidos, este mecanismo no está reservado exclusivamente para el presidente. De acuerdo con el artículo II, sección 4, de su Constitución, el mandatario, el vicepresidente y los funcionarios civiles pueden ser destituidos por traición, soborno u otros delitos y faltas graves.
El procedimiento comienza en la Cámara de Representantes, donde se presentan y votan los cargos por mayoría simple; si la acusación prospera, el caso pasa al Senado, que se convierte en tribunal para determinar la responsabilidad del funcionario. Para concretar la destitución se requiere el voto de dos terceras partes de los senadores presentes.
Esto significa que un secretario de Estado, como Pete Hegseth, puede enfrentar un proceso de esta naturaleza sin necesidad de ocupar la presidencia, además, la presentación de una acusación no representa automáticamente la separación del cargo, pues el funcionario puede permanecer en funciones mientras se desarrolla el procedimiento.
¿Qué ocurre en México?
En el sistema político mexicano también existe una figura para sancionar las conductas de altos funcionarios: el juicio político, contemplado en el artículo 110 de la Constitución y regulado por la legislación federal en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
Este mecanismo permite investigar y sancionar a funcionarios que, mediante sus actos u omisiones, perjudiquen los intereses públicos fundamentales o el buen despacho de sus funciones.
Entre quienes pueden ser sujetos de juicio político se encuentran senadores, diputados federales, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Poder Judicial federal, secretarios de Estado, el fiscal general de la República, consejeros y magistrados electorales, entre otros servidores públicos.
También pueden ser señalados gobernadores, diputados locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, aunque en estos casos el procedimiento federal se limita a violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales, así como al manejo indebido de recursos federales.
El procedimiento establece que la Cámara de Diputados funciona como órgano de acusación, mientras que el Senado se constituye en jurado de sentencia; para determinar la responsabilidad se requiere el voto de dos terceras partes de los senadores presentes.
Las sanciones pueden incluir la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por un periodo de uno a 20 años.
Una diferencia importante es que el juicio político no depende necesariamente de que exista una investigación penal o una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), pues se trata de un procedimiento de responsabilidad política y administrativa.
¿El presidente de México puede enfrentar un impeachment?
Aquí se encuentra una de las principales diferencias entre ambos países, en México, el presidente de la República no está contemplado entre los servidores públicos sujetos a juicio político conforme al artículo 110 constitucional.
Sin embargo, esto no significa que el titular del Ejecutivo federal tenga inmunidad absoluta; el artículo 108 establece que durante su encargo puede ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y aquellos delitos por los que podría ser procesado cualquier ciudadano, conforme al régimen constitucional vigente.
Para proceder penalmente contra el presidente existe un mecanismo especial de declaración de procedencia, previsto en el artículo 111 constitucional, en este caso interviene el Senado para resolver si hay lugar a proceder contra el mandatario, conforme a las reglas establecidas para este supuesto.
Se trata de una vía distinta al juicio político: mientras este último busca sancionar políticamente a determinados servidores públicos mediante la destitución y la inhabilitación, la declaración de procedencia permite que el presidente enfrente un procedimiento penal por las conductas previstas en la Constitución.
Un mecanismo que existe, pero que pocas veces se utiliza
Aunque México cuenta con instrumentos constitucionales para exigir responsabilidades a sus funcionarios, el juicio político ha tenido una aplicación limitada en el ámbito federal.
Esto ha alimentado cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas, particularmente cuando existen señalamientos públicos contra servidores públicos que no terminan en investigaciones o sanciones.
Cuando la FGR determina que no existen elementos suficientes para proceder penalmente, una denuncia puede quedar sin consecuencias judiciales; no obstante, esa determinación no impide por sí misma que se explore la responsabilidad política de un funcionario mediante los procedimientos correspondientes, siempre que existan elementos y se cumplan los requisitos legales.
Así, mientras Estados Unidos contempla el "impeachment" como una herramienta para destituir incluso al presidente y a integrantes de su gabinete, México cuenta con el juicio político para sancionar a diversos altos funcionarios, pero mantiene un régimen especial para el titular del Ejecutivo federal.
La diferencia no radica únicamente en la existencia de estos mecanismos, sino también en su alcance, los procedimientos para activarlos y la capacidad de las instituciones legislativas para hacerlos efectivos.
