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Los reclamos de las mujeres en búsqueda de justicia han tomado diferentes formas, y la creación de leyes que las acercan a este cometido son pieza fundamental para reflejar la escucha hacia la ciudadanía que demanda por cambios. Estas acciones legislativas se han instaurado como el producto de la lucha de quienes fueron víctimas de violencia en alguna de sus manifestaciones.
En esta línea, las mujeres de Puebla han sido diferenciales para concretar cambios o inspirar estatutos que den mayor certeza a las afectadas por violencia.
Ya sea por agresiones físicas, otras formas de transgresión en espacios digitales, o para protección de las infancias, la consecución de estas leyes son mecanismos que pretenden que los infractores paguen por sus ilícitos. También son llamados de atención por la deficiencia de las normativas existentes, ya que no todas aseguraban una protección amplia o garantías de impartición de justicia.
En días recientes se dieron avances en esta materia en el Congreso de Puebla, tal es el caso de la denominada Ley Monzón. Cecilia Monzón fue una abogada egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y se especializaba en derecho penal. Era activista que defendía los derechos de las mujeres en el estado, siempre presente en marchas y no dudaba en levantar la voz ante las injusticias.
La mañana del 21 de mayo del 2022 fue asesinada con arma de fuego por un par de hombres en motocicleta en San Pedro Cholula. La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló a su ex pareja sentimental como presunto autor intelectual, sumado a otro grupo de cómplices como autores materiales.
Tras lo sucedido, el hijo que ambos concibieron quedó en orfandad, por lo que la hermana de la activista, Helena Monzón, instó al congreso local para que se atendiera el caso con motivo de proteger al menor. En consecuencia, el 2 de marzo se aprobó la iniciativa de ley para modificar el Código Civil y el Código Penal del Estado, con el objetivo de que los hijos de feminicidas pierdan la guardia y custodia cuando se les vincule a proceso por dicho delito.
En lo civil, se añadió al artículo 628 un apartado para asegurar la pérdida de los derechos de custodia; en lo penal, el artículo 338 incluyó un párrafo para que los feminicidas que lleven a cabo el acto en presencia de sus hijos reciban penas de hasta 70 años en prisión. Así, se evita que los infantes convivan con la persona que terminó con la vida de sus madres, además de que se impide que acudan a centros de reclusión a visitarlos.
Por su parte, Olimpia Coral Melo, oriunda del municipio de Huauchinango, sentó un precedente para juzgar la violencia a través de plataformas digitales. En internet se filtró un video íntimo de ella sin su consentimiento, por lo que empezó su recorrido como activista para que este tipo de afectaciones puedan ser juzgadas y los acusados no queden impunes.
En gobierno a nivel federal se reformó la Ley General de Acceso para Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y también se hicieron adiciones al Código Penal Federal. Con esto, ahora se juzga la violencia digital y la violencia mediática en el país. Esta práctica se conoce como “porno venganza” porque el móvil suele estar ligado a las rupturas entre parejas, a lo que Coral Melo exclamó que el término adecuado es violencia digital.
La llamada Ley Olimpia entró en vigor en enero 2020 y contempla sanciones de tres a seis años de prisión para quien difunda material (fotos o videos) tomadas en la intimidad con una persona sin consentimiento. Además, las penas económicas son de entre 500 y 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Poco antes de la pandemia, en febrero de 2020, uno de los casos de feminicidio que más indignación causó fue el de la joven Ingrid Escamilla, en la Ciudad de México. Ella nació en el municipio de Juan Galindo, Puebla, y a sus 25 años vivía en la capital del país. Ahí, tras una discusión con su pareja, este la asesinó en su departamento.
A parte de la brutalidad con la que el feminicida Erick N., (hoy sentenciado a 70 años de cárcel) relató haber terminado su vida y la forma en que intentó ocultar el acto, se dio otro fenómeno mediático: la filtración de fotos de sus restos en el lugar de los hechos.
Estos contenidos fueron compartidos por integrantes de la policía capitalina hacia los medios de comunicación, quienes los usaron sin miramientos y con mensajes revictimizantes. El material también llegó a las redes sociales y los usuarios, en respuesta, mostrando su rechazo a la falta de respeto hacia la víctima, comenzaron a llenar los espacios con fotos de paisajes, flores o cualquier otra imagen que sirviera para opacar el contenido real del cuerpo de Ingrid.
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Tras lo sucedido, la Cámara de Diputados reformó el Código Penal Federal, puntualmente el artículo 225, para castigar la dispersión de contenidos explícitos, ya sean fotos y videos, o cualquier evidencia que se relacione a la víctima en un caso. La Ley Ingrid tendrá penas con estadía en cárcel de hasta diez años, con el agravante de que las filtraciones muestren a mujeres, menores de edad o personas con discapacidad. En Puebla este proyecto aún no ha visto mayores avances luego de que Nora Merino (Partido del Trabajo) presentara la iniciativa y se turnara a comisiones.
Finalmente, en Puebla se hizo historia en la impartición de justicia en casos de violencia Vicaria, que consiste en las agresiones de hombres padres de familia hacia las madres, privándolas del derecho de ver a sus hijos. Andrea Lezama, integrante de la Colectiva de Amorosas Madres Contra la Violencia Vicaria (Cam Cai), promovió el tema por la sustracción de su hijo desde 2016 a 2022.
La ley se aprobó en julio de 2022 y el primer vinculado fue Ricardo N, por apartar al hijo de Andrea Lezama por seis años, llevándolo a otro estado.
El menor estaba en Baja California Sur, bajo el resguardo del DIF, y Lezama logró que su agresor fuera vinculado a proceso por la Ley Vicaria, el primer caso en todo el país. Esta norma es una reforma al Código Penal del Estado de Puebla que impone tiempo en prisión de dos a diez años de cárcel para quien maltrate, manipule o separe a una madre de sus hijos como forma de agresión.
