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No es un secreto que en cada jornada electoral se den prácticas irregulares por parte de funcionarios que ignoran la ley. Recientemente se dio a conocer que un alcalde en Taiwán fue condenado a prisión por intentar sobornar a la gente de un pueblo, todo con el fin de reelegirse.
El alcalde de la comunidad Xiding, Hsieh Wan-li, repartió en un viaje frutas a los pobladores, lo que supuso una violación a la ley electoral y le costó una cadena de cuatro años en la cárcel. En México puede considerarse que esto es un secreto a voces, ya que no han sido pocas las ocasiones en que un funcionario, partido o allegado a un candidato dio algún beneficio a la gente con tal de asegurarse un voto más en las urnas.
Este es un delito electoral, aunque para el grueso de la población aún es desconocido cómo se castiga o a qué instancia se puede acudir en caso de que alguien intentara condicionar el sufragio, propio o de un extraño.
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México está a poco más de un año de celebrar una de las elecciones más importantes de su historia, donde la gente elegirá al nuevo presidente del país, así como legisladores, gobernadores y alcaldes en casi toda la República. Esto conlleva que muchos de estos políticos puedan incurrir en delitos electorales, regalando artículos, pero también con la promesa de entregar “apoyos” o tarjetas de dinero que no tendrán fondos hasta que un candidato gane, algo que ya se ha visto.
En México se cuenta con la Ley General en Materia de Delitos Electorales para que la gente esté al tanto de cuáles son los castigos en caso de que algún actor haya intentado sobornar por un voto. En el apartado “Delitos en Materia Electoral”, el artículo siete señala que se impondrán de 50 a 100 días de multa, así como de seis a tres años de prisión a quienes hagan alguna de las siguientes acciones que coaccionen a una persona de votar con libertad:
Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a ella.
El artículo siete también señala que se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien:
Utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato.
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Por otra parte, el artículo nueve establece sanciones de 100 a 200 días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato haga lo siguiente:
Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación.
Hay más acciones que ameritan las mismas penas para delitos electorales, pero no siempre se denuncian por desconocimiento. Para denunciar es necesario proporcionar los datos de la parte acusatoria, ya sea que haya sido víctima directa o testigo.
También se solicitarán datos del momento y lugar de los hechos, descripción, nombre y localización de la persona acusada, así como una narración del suceso y, en caso de tenerlos, pruebas o testigos ligados al hecho que se acusa. Se puede denunciar en la Fiscalía Especializada o en las agencias del Ministerio Público de la Federación o del fuero común.
En México, con los niveles tan altos de corrupción, no es raro que se haya descubierto a personas que intentaran sobornar a una persona con el fin de que vote en un sentido. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2012, uno de los escándalos más conocidos fue el de la entrega de tarjetas de prepago por parte del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, quien, a la postre, terminó ganando.
Tanto el PAN, que candidateó a Josefina Vázquez Mota, como Andrés Manuel López Obrador del PT y PRD, denunciaron que el partido tricolor gastó más de 70 millones de pesos en las tarjetas que no podrían usarse a menos que Peña Nieto ganara. La Comisión de Quejas y Denuncias del entonces IFE desestimó las quejas por falta de pruebas.
En 2017, durante la elección para gobernador del Estado de México, se señaló que el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, usó recursos públicos para condicionar el voto de los mexiquenses. Se dijo que Del Mazo utilizó los programas públicos como condicionantes para que la gente votara por él.
Semanas antes de la jornada, la candidata de Morena, Delfina Gómez hizo pública una denuncia de que el PRI había destinado 6 millones de pesos para la compra de votos. Esto se sustentó con una de las promesas de Del Mazo, quien proponía el “salario rosa” para amas de casa en caso de que fuera electo gobernador.
Uno de los gobernadores de peor historial en los últimos años, Javier Duarte del PRI, fue imputado por la supuesta entrega de materiales de construcción para que la gente votara por él en 2016. El otrora senador del PAN, Fernando Yunes, publicó una foto en su cuenta de Twitter donde mostraba a una secretaria de Héctor Yunes, ligado a Duarte, mientras preparaba maletas con fajos de billetes para la compra de votos en favor del priista.
